Mucho y muy variado se ha escrito sobre la crisis que
actualmente afecta a empresas y entidades bancarias, pero no tanto
sobre la que diariamente concierne a los trabajadores y trabajadoras,
incluyendo en esta denominación tanto a quienes ahora mismo no tienen
empleo, como a las personas que han sido jubiladas o pre-jubiladas.
Está claro que una es de ámbito temporal, mientras la otra es
perpetua, pues tiene sus raíces en el momento en que hubo que trabajar
para vivir y en que unas personas hubieron de ponerse al servicio de
otras para lograrlo, dando origen a las desigualdades sociales que, en
vez de eliminarse por el aumento de la riqueza y el desarrollo humano,
se han ido incrementando hasta configurar varios mundos dentro del
mismo. El mundo de los ricos, el de los pobres, el de los que no
siendo pobres no son ricos, y el de los que siendo ricos son pobres,
dependiendo este trabalenguas de qué y con qué se compare.
Así, la crisis que más sale en periódicos y televisiones, la
de los bancos y empresas, ha cubierto en gran medida el objetivo para
el que fue creada: miles de millones de dólares y euros públicos han
sido puestos a su disposición sin ningún tipo de contraprestación,
como podría ser, por ejemplo, el mantenimiento de puestos de trabajo.
Pero la otra crisis, la perpetua, la diaria de los trabajadores y
trabajadoras, es la que va a seguir porque el capitalismo para ella no
tiene soluciones, ya que este sistema rehuye totalmente aquello que
suponga el reparto de la riqueza y la justicia social, argumentos
básicos, que no utópicos, de cualquier intento de remediar una crisis
verdaderamente global, pues afecta a miles de millones de personas de
todo el mundo, a diferencia de la otra, la de los capitales y procesos
especulativos de bancos y empresas que tiene una dimensión mucho menos
humana y más localizada.
Centrándonos ahora en este tiempo y en este lugar, nos
encontramos otra vez con la misma antisocial receta del Fondo
Monetario Internacional que quieren aplicar allá donde vayan: eliminar
las cláusulas de revisión salarial, flexibilizar la relación entre
trabajadores y empresarios y reducir los costes de los despidos. Si
traducimos esto a hechos significa: pérdida de poder adquisitivo de
los salarios, ya bastante afectados desde la entrada del euro que
supuso un aumento encubierto de los precios. Relegar el papel de los
sindicatos al mínimo, dejando la negociación en individual en vez de
colectiva, algo que no es de recibo, pues no se haría de igual a
igual, sino que claramente la parte empresarial tendría siempre la
sartén por el mango sin discusión. Por último, lo de reducir el coste
de los despidos es decir de manera indirecta, pero más clara
imposible, que lo que se quiere es el despido libre. Despedir sin
coste alguno, sin motivos ni razones, como, cuando y donde quiera el
empresario. Así, ¿qué derechos laborales y sociales se pueden mantener
y defender?. Y la respuesta no es que la ley ya los recoge y por eso
estamos amparados por ella, no. La ley está escrita en papel y el
papel aguanta todo lo que le echen, fuera de él está la jungla de las
relaciones laborales, donde cada día hay que pelear por no morir en
accidente de trabajo, cumplir con una jornada que está más cerca de
las 65 semanales que de las 40 que se marca como máximo, intentar
hacer lo mejor posible la tarea encomendada y, aún así, aguantar a un
empresariado que exige más y más por cada vez menos y menos.
La crisis nuestra de cada día no es esa de la que hablan en
prensa, radio y televisión. La crisis nuestra de cada día es de la que
se habla en el trabajo, en la cola del paro, en el hogar, en la calle,
y con esa, que yo sepa, no quieren acabar.
J. Luis Real
